Con el propósito de avanzar en la reinserción laboral y social de los presos, un proyecto encuentra siendo analizado por la comisión de Trabajo de la Legislatura santafesina.

Establece que el Estado se haga cargo por tres años de la mitad del pago de ingresos brutos por cada empleado.

En este sentido, proponen que empresas de construcción de obra pública incorporen entre sus trabajadores a presos que gocen de libertad condicional, estén bajo prisión domiciliaria o próximos a cumplir la totalidad de su condena.

Asimismo, el cupo propuesto es del 5%, es decir, unos 4000 reclusos de la provincia de Santa Fe se verían beneficiados con la iniciativa.